«Es excesivo»: Economistas manifiestan preocupación tras estudio que midió costo fiscal de propuesta constitucional

¿Cuánto costaría implementar -en caso de aprobarse en el Plebiscito- la propuesta de Nueva Constitución? Esta fue la interrogante en torno a la cual un grupo de destacados economistas desarrolló por varios meses un estudio, con el fin de aportar a la decisión informada de la ciudadanía de cara al referéndum del 4 de septiembre. Se trata de un documento -elaborado por los economistas Rodrigo Valdés, Claudia Martínez, Guillermo Larraín, Andrea Betancour, Rodrigo Vergara y Gabriel Ugarte-, cuyo foco principal de análisis fue el precio involucrado en el cumplimiento de cada disposición del texto como gasto directo. Esto permitió distinguir tres clases diferente de gasto, como el gasto anual recurrente directo de satisfacer el mandato, los gatos recurrentes en administración estatal, y los gastos no recurrentes por ajustes de stock que, por una sola vez, son necesarios para cumplir ciertos estándares. Todo con el fin de ilustrar en cifras el impacto que tendría sobre el Fisco la propuesta de Carta Fundamental. De lo anterior surgieron 29 áreas temáticas con su respectivo costo, supuestos y gasto, que dieron origen al estudio «Estimaciones del Costo Fiscal Directo de la Propuesta de Nueva Constitución», que, en concreto define dos escenarios posibles: uno de ellos, de menor gasto, alcanza a 8,9% del PIB, equivalente a US$25.210 millones, que se descomponen en 7,1% del PIB de costos en régimen y 1,8% del PIB de costos por ajuste de stock en diez años. Este último valor corresponde a un costo total por ajuste de stock de 18% del PIB. El segundo, de mayor gasto, alcanza el 14,2% del PIB, equivalente a US$40.109 millones, el costo en régimen y el ajuste de stock en diez años corresponden a un 11,4% y 2,7%, respectivamente, con un costo total de ajuste de stock de 27,2% del PIB. En tanto, que el gasto administrativo corresponde a 1,8% del PIB. El informe, además compara el volumen de gasto con otros procesos constitucionales y ubica la proyección en torno a lo que vivieron países como Colombia (24,1%), España (25,4%) y Ecuador (38,7%). Además, en ambos escenarios se señalan que el área de mayor gasto es Protección Social, coincidiendo con los Derechos Fundamentales de la propuesta constitucional que incluye materias como vivienda, seguridad social, erradicación de la violencia contra la mujer, interculturalidad y plurilingüismo, pueblos indígenas, derecho a la tierra, entre otros. Lo anterior involucra en torno a la mitad del costo incremental en ambos casos, alcanzando un 4,48% del PIB y 7,25% del PIB. Le sigue Salud, con 1,89% del PIB en el escenario más bajo y 2,75% del PIB en el alto; Educación, con 0,81% del PIB y 1,40% del PIB, respectivamente; Servicios Generales (0,67% del PIB y 0,94% del PIB); Orden Público y Seguridad (0,29% del PIB y 0,53% del PIB), y la lista continúa. ¿Mucho o poco gasto? Desde la perspectiva de Sergio Lehmann, economista jefe de BCI, «el análisis del costo fiscal asociado a la propuesta constitucional me parece muy bien abordado, conteniendo las distintas aristas en materia de derechos que se abordan y una mirada a la experiencia de otros países». No obstante, aseguró que «el resultado es tremendamente preocupante. El monto calculado definitivamente no es financiable, por lo que llevaría a presiones fiscales difíciles de manejar», agregando que «la reforma tributaria propuesta por el Gobierno no financia ni la mitad de lo requerido, aun siendo tremendamente agresiva y con impactos relevantes en el crecimiento». «Se deduce, por tanto, que el gasto fiscal comprometido es ciertamente excesivo. Llevaría a un tamaño superlativo del Estado, con los consecuentes impactos en burocracia, falta de agilidad y menor dinamismo económico», acotó. Y aseguró que «lidiar con ello será especialmente complejo, aun a través de una implementación gradual. En consecuencia pone en riesgo la responsabilidad fiscal como eje de desarrollo, comprometiendo las mejoras que aspiramos en bienestar social». En tanto, Carlos Smith, docente investigador del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, dijo «la verdad es que esto es una locura, dicho con todos sus letras, porque hoy día el presupuesto del Fisco es un poco menos US$70 mil millones, y esto significa agregarle US$45 mil millones más. Claro, en un plazo de diez años, pero es pasar a representar más o menos el 20% del PIB al 35% del PIB, de un PIB que no crece, de una economía que hace bastante años viene creciendo muy poco».